Según Neiza Salazar Borrego y Frank Rivas Torres: El concepto de precariedad laboral que en los últimos años ha cobrado gran interés en oposición al de “empleo típico” caracterizado por aquel a medio tiempo o completo, tiempo determinado o indeterminado para uno o varios patronos, protegidos por la legislación laboral y seguridad social. En efecto son precarios, aquellos empleos que no cumplan con estas características o en los cuales se produce ausencia o evidente desmejora de las relaciones laborales donde se sustentan.
Esto trae como consecuencia la exclusión sociolaboral, que ha sido objeto de numerosos estudios y en algunos países se han puesto en marcha reformas profundas en materia laboral para lograr su regulación contractual e incorporación a los sistemas asegurativos; como también le han dado un giro casi total a sus políticas gubernamentales para satisfacer las demandas sociales de esta población desocupada.
En el caso venezolano, la política social que caracterizó los gobiernos de los ’80 y ’90 tenían una visión focalizada en programas sociales tendientes a paliar los efectos socio económico de los programa de ajuste estructural, duramente criticado por el actual gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Fría, quien se ha avocado al desarrollo de programas sociales de actuación contra la pobreza y de inclusión de sectores populares al mercado laboral.
Con las llamadas misiones _igualmente objetada por los opositores y calificada de clientelar,
asistencialista y populista_, el gobierno emprendió un nuevo reto en la política social, incorporar a la población excluida a los sectores productivos de la sociedad, sobre todo de aquellos que no han tenido acceso a la educación media y universitaria por razones como aislamiento geográfico y bajos recursos económicos, entre otros, basados en una filosofía universal y de inversión social.
Sin embargo, aún están por evaluarse los resultados de estas misiones y sobre todo medir su impacto para contrarrestar el desempleo, la desocupación, y los cada vez mayores empleos informales cuyas condiciones de trabajo se califican precarias y carentes de protección social. En innegable que las misiones cumplen una función social de inclusión pero no garantizan las mejoras de las condiciones laborales de los venezolanos.
Muestra de ello, es la carencia de un programa de protección social que le garanticen los beneficios de un seguridad social y una estabilidad en el puesto de trabajo, aunado a un precario salario para las personas que laboran como instructores en los diferentes programas sociales, que no son ni siquiera equiparables a los salarios mínimos, ni satisfacen los requerimientos de la cesta básica y a la particular atención como subsidio directo por parte del gobierno nacional a los trabajadores misioneros, lo cual permite concluir que existen evidentes notas de precariedad laboral en la labor ejecutada por los facilitadores y voluntarios de cada una de las misiones y que las mismas se constituyen en un gran programa de adoctrinamiento social basado en una
“ideario bolivariano”, el cual esté plenamente identificado con el proceso de cambio que se desarrolla en el país como parte del plan político que lidera el gobierno nacional.
Esto trae como consecuencia la exclusión sociolaboral, que ha sido objeto de numerosos estudios y en algunos países se han puesto en marcha reformas profundas en materia laboral para lograr su regulación contractual e incorporación a los sistemas asegurativos; como también le han dado un giro casi total a sus políticas gubernamentales para satisfacer las demandas sociales de esta población desocupada.
En el caso venezolano, la política social que caracterizó los gobiernos de los ’80 y ’90 tenían una visión focalizada en programas sociales tendientes a paliar los efectos socio económico de los programa de ajuste estructural, duramente criticado por el actual gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Fría, quien se ha avocado al desarrollo de programas sociales de actuación contra la pobreza y de inclusión de sectores populares al mercado laboral.
Con las llamadas misiones _igualmente objetada por los opositores y calificada de clientelar,
asistencialista y populista_, el gobierno emprendió un nuevo reto en la política social, incorporar a la población excluida a los sectores productivos de la sociedad, sobre todo de aquellos que no han tenido acceso a la educación media y universitaria por razones como aislamiento geográfico y bajos recursos económicos, entre otros, basados en una filosofía universal y de inversión social.
Sin embargo, aún están por evaluarse los resultados de estas misiones y sobre todo medir su impacto para contrarrestar el desempleo, la desocupación, y los cada vez mayores empleos informales cuyas condiciones de trabajo se califican precarias y carentes de protección social. En innegable que las misiones cumplen una función social de inclusión pero no garantizan las mejoras de las condiciones laborales de los venezolanos.
Muestra de ello, es la carencia de un programa de protección social que le garanticen los beneficios de un seguridad social y una estabilidad en el puesto de trabajo, aunado a un precario salario para las personas que laboran como instructores en los diferentes programas sociales, que no son ni siquiera equiparables a los salarios mínimos, ni satisfacen los requerimientos de la cesta básica y a la particular atención como subsidio directo por parte del gobierno nacional a los trabajadores misioneros, lo cual permite concluir que existen evidentes notas de precariedad laboral en la labor ejecutada por los facilitadores y voluntarios de cada una de las misiones y que las mismas se constituyen en un gran programa de adoctrinamiento social basado en una
“ideario bolivariano”, el cual esté plenamente identificado con el proceso de cambio que se desarrolla en el país como parte del plan político que lidera el gobierno nacional.
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